CURSO BÁSICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Este curso online gratis de Carpe Diem, “Curso Básico de Auxiliar Administrativo” es un sencillo tutorial para conocer la temática básica del Auxiliar Administrativo, su entorno y la legislaciuón aplicable.

Se explican los actos administrativos, el Sistema de Seguridad Social y los contratos administrativos.  Tambien se hace una breve reseña a la Administración electrónica y a una serie de conceptos básicos informáticos. Este curso básico de Auxiliar Adminsitrativo es gratuito y podrá descargar el diploma de haber asistido a esta jornada formativa.

Tema 5. Los contratos administrativos.

El Real Decreto Legislativo 3/201 I, de 14 de noviembre, consta de 334 artículos y está dividido en un Título preliminar y 5 Libros, divididos estos en títulos, estos en capítulos y algunos de estos, a su vez, de forma sucesiva en secciones y subsecciones. Consta también de 36 Disposiciones Adicionales, 10 Disposiciones Transitoria y 6 Finales añadiéndose, por último 3 Anexos.

5.1 Régimen jurídico de los contratos del sector público

Concepto de contratos del sector público: Son contratos del sector público, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público Asimismo, los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado.

Objeto y finalidad: El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Ámbito de aplicación: Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3 de la propia Ley.

5.2 Clases de contratos del sector público

Calificación de los contratos: Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren lo entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas aquí contenidas

Contrato de obras: Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante

Contrato de concesión de obras públicas: La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 de la LCSP, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

Contrato de gestión de servicios públicos: El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante.

Contrato de suministro: Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

Contrato de servicios: Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro.

Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado: Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una Administración Pública o una Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un período determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda una serie de prestaciones.

Contratos mixtos: Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observar-se en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.

5.3 Contratos sujetos a una regulación armonizada

Delimitación general: Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías I a |6 del Anexo II de la LCSP, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 88 de la misma, sea igual o superior a las cuantías que se indican en [os artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador.

Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a una regulación armonizada: Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros.

Contrates de suministro sujetos a una regulación armonizada: Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 135.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo III de la LCSP. O a 209.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados anteriormente.

Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios comprendidos en las categorías I a 16 del Anexo II de la LCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 135.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. O 209.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entes, organismos o entidades del sector público distintos a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, o cuando, aun siendo adjudicados por estos sujetos, se trate de contratos de la categoría 5 consistentes en servicios de difusión de emisiones de televisión y de radio, servicios de conexión o servicios integrados de telecomunicaciones, o contratos de la categoría 8, según se definen estas categorías en el Anexo II de la LCSP.

Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada: Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 6 y 10 de la LCSP, respectivamente, que sean subvencionados, de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicador siempre que se traten de contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividad Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, Centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros. O bien contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra a) cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros.

5.4 Contratos administrativos y contratos privados

Los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado.

Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública. Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Tendrán la consideración de contratos privados; los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados.

Tema 6. La protección de los datos personales.

6.1 Protección de los datos personales. Ley Orgánica 15/1999, DE 13 De Diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Un dato de carácter personal es cualquier información que permita identificarte o hacerte identificable.

El derecho fundamental a la protección de datos reconoce al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal consta de 49 artículos distribuidos en siete Títulos además consta de seis Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y tres Disposiciones finales.

6.2 Disposiciones generales.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Ámbito de aplicación

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

6.3 Principios de la protección de datos

Calidad de los datos: Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido

Derecho de información en la recogida de datos: Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco.

Consentimiento del afectado: El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

Tema 7. Administración electrónica.

7.1 Concepto de Administración electrónica.

La Administración electrónica es el modelo de Administración pública basado en uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), surgido como consecuencia de la necesaria modernización de los servicios públicos con los cambios organizativos necesarios, cuyos objetivos son mejorar:

1. La eficiencia interna
2. Las relacionas interadministrativas y
3. Las relaciones de la Administración con los ciudadanos, las empresas y las organizaciones.

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.

La Administración electrónica es una vía para avanzar hacia el desarrollo del «mejor gobierno» de las Administraciones Públicas, en donde la tecnología es fundamentalmente un medio y no un fin en sí mismo.

El valor do la Administración electrónica por tanto no reside en un mero traslado de los servicios que actualmente presta la Administración, sino que debe responder a la optimización y reorganización de los esquemas del servicio público, de tal forma que permitan una mayor eficiencia y eficacia en las relaciones con los ciudadanos y empresas, así como propiciar el cambio cultural que exige la implantación de la Sociedad de la Información.

El ciudadano en la sociedad moderna precisa relacionarse con diferentes Administraciones, bien para ejercitar un derecho, bien para cumplir con una obligación; y espera obtener un servicio preciso en tiempo y forma, ajustado a su necesidad y con un alto nivel de calidad.

En España existen tres niveles de Administración (Estatal, Autonómico y Local) a la que hay que añadir la propia Administración de la Unión Europea. Asimismo cada una de ellas tiene una estructura competencial propia. No corresponde al ciudadano conocer la complejidad intrínseca de las Administraciones, acude a ellas con necesidades y con problemas que deben ser tratados y resueltos, de una forma sencilla, cómoda y rápida.

En un Estado tan descentralizado como el nuestro la cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas y Entes locales es indispensable. La Administración electrónica funciona cuando los diferentes organismos responsables de un servicio operan agrupados dentro de marcos comunes de funcionamiento que aseguran la interoperabilidad, optimizan el servicio global y evitan la duplicidad de recursos. Se precisan estructuras compartidas en las que puedan tener cabida los diferentes servicios individuales.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, clarificando e integrando el contenido de las citadas leyes 30/1992 y 11/2007 (las cuales deroga, con efectos de 2 de octubre de 2016), profundizando en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.

Así, la citada Ley 39/2015 (LPACAP), y también la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), generalizan la utilización de los medios electrónicos con normas como:

• Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad… (Art. 9.2 LPACAP).
• Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. (Art. 12.1 LPACAP).
• Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a estos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. (Art. 16.1 LPACAP).
• Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. (Art. 17.1 LPACAP).
• Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. (Art. 21.4 LPACAP).
• Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos (a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia). (Art. 26.1 LPACAP).
• Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos (a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión v constancia). (Art. 36.1 LPACAP).
• Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. (Art. 41.1 LPACAP}
• Los expedientes tendrán formato electrónico… (Art. 70.2 LPACAP).
• Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento… (Art. 75.1 LPACAP).

7.2 Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones Públicas.

Entre los derechos que la LPACAP reconoce a quienes tengan capacidad de obrar ante Administraciones Públicas, figuran (art. 13):

• A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
• A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
• A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley.
• A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

El artículo 14 de la misma LPACAP complementa lo anterior, señalando que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

Algunas personas tienen, no el derecho, sino la obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo (art. 14.2). Al menos, los siguientes sujetos:

1. Las personas jurídicas.
2. Las entidades sin personalidad jurídica.
3. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

7.3 Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

Por su parte, el artículo 10 de la LPACAP se refiere a los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

Según dicho artículo, los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

1. Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
2. Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
3. Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

7.4 Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación que hemos citado.

Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

1. Formular solicitudes.
2. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
3. Interponer recursos.
4. Desistir de acciones.
5. Renunciar a derechos.

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, define la firma electrónica distinguiendo los siguientes conceptos:

• Firma electrónica: es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
• Firma electrónica avanzada: es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
• Firma electrónica reconocida: es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

7.5 La Sede Electrónica.

La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular res-pecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Tema 8. Conceptos informáticos básicos.

8.1 Conceptos Fundamentales sobre el Hardware y el Software.

Comenzaremos viendo una pequeña introducción al ordenador y así conocer con que elementos está trabajando.

El trabajo en un PC viene determinado por dos elementos, que son el Hardware y ei Software. La combinación de ambos hará que pueda realizar tareas en el equipo y obtener resultados óptimos de las mismas.

8.2 Hardware.

El Hardware es la parte física del ordenador, la parte tangible. Son los elementos que usted puede tocar, coger, etc. Se puede clasificar de diversas formas, tal y como veremos a continuación.

8.3 Tipología y clasificaciones.

Hay distintas formas de clasificar los elementos tísicos de un equipo. La más utilizada es distinguir entre Hardware Básico, que sería indispensable para el funcionamiento de un equipo y Hardware Complementario, que supondría mejoras en el rendimiento de este.

¿Qué necesita un PC como mínimo para funcionar? El Hardware Básico incluiría al menos los siguientes elementos:

• CPU Unidad Central de Proceso: para poder procesar la información y llevar a cabo acciones. Es la Unidad que ejecuta y administra las tareas que están en los programas. Normalmente se usa el término microprocesador para designarla
• Memoria: para poder almacenar las acciones a realizar.
• Dispositivo entrada/salida: para poder recibir los datos y enviar las acciones a realizar en función de ellos.

El Hardware Complementario mejoraría las prestaciones del Hardware básico dotándolo de diversos elementos adicionales, como pueden ser tarjetas gráficas 3D, grabadores de DVD, lectores de tarjetas, tarjetas de red o Wifi, etc.

Una vez que se han podido ver los dos tipos de Hardware que hay, ¿cómo se clasifican los distintos elementos Hardware? Lo más habitual es atender a una clasificación relacionada con la funcionalidad de los elementos. Así tendríamos los siguientes grupos:

• Almacenamiento: este hardware permite almacenar información, bien para breves espacios de tiempo, como es el caso de la memoria RAM, o de manera más prolongada, como ocurre con los discos duros, memorias USB, DVD, etc.
• proceso: es el hardware encargado de llevar a cabo las operaciones, procesos, etc. Pueden ser el Microprocesador, la ALU (Unidad Aritmético Lógica, que realiza operaciones matemáticas) o los ChipSet presentes en las placas Base para agilizar las comunicaciones.
• Entrada: sirven para recibir los datos desde el exterior; pueden englobarse en este apartado los teclados, ratones, puertos de entrada de datos, etc.
• Salida: se usan para sacar la información al exterior; he aquí los monitores, impresoras, puertos de datos de salida, etc.
• Bidireccional: funcionan tanto de entrada como de salida, por ejemplo, la tarjeta de red.

Este curso básico de Auxiliar Administrativo, es totalmente gratuito, cuantos más suscriptores tenga el curso podremos dedicarle más recursos y mejores serán sus contenidos, ayúdanos compartiéndolo en LAS REDES SOCIALES.

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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN del curso básico de Auxiliar Administrativo:

1. ¿Cuáles son los principios generales del procedimiento administrativo?
2. Define: Elemento subjetivo y elemento objetivo del acto administrativo.
3. ¿Quién está capacitado para ser parte en el Recursos Contencioso Administrativo?
4. Duración de la obligación de cotizar.
5. Enumere las clases de contratos del sector público.

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