CURSO DE TRABAJO SOCIAL Y DISCAPACIDAD GRATIS

Este curso gratis de trabajo social de Carpe Diem, «Trabajo social y Discapacidad» es un material orientador que busca dar las nociones elementales de la función del trabajo social frente a la discapacidad.
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TEMARIO

TEMA1: La Discapacidad.
TEMA 2. Tipos de Discapacidad.
TEMA 3: Modelos Teóricos Que Fundamentan La Discapacidad.
TEMA 4: Discapacidad, Dependencia Y Autonomía.
TEMA 5: Desde El Trabajo Social.
TEMA 6: Los Principios Del Trabajo Social.
BIBLIOGRAFIA

Tema 1: LA DISCAPACIDAD

La discapacidad es un fenómeno que está tomando un peso importante en nuestra sociedad. Las políticas públicas, los servicios, prestaciones y recursos implementados configuran una red de protección social que intentan dar respuesta a un grupo de población diverso y con necesidades, inquietudes y demandas distintas.

Tema 2: TIPOS DE DISCAPACIDADES

Discapacidad física: Consiste en falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo, y que provoque inmovilidad o disminución de movilidad.

Discapacidad sensorial: Se divide en discapacidad auditiva y discapacidad visual.
Discapacidad auditiva: Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír (sordera parcial o total, dificultades para hablar).

Discapacidad visual: Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de ver (visión disminuida, ceguera).

Discapacidad intelectual: Consiste en limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.

Discapacidad mental: Consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, específicamente en el pensar, sentir y relacionarse. Es conocido también bajo el término de “Discapacidad psicosocial”.

Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión social, por diversos factores, entre otros la carencia de los bienes imprescindibles para ejercer plena¬mente sus derechos de ciudadanía. Existe una relación bidireccional entre discapacidad y exclusión social. Por una parte, las personas que viven en contextos de privación, malnutrición, infravivienda, etc., se encuentran sometidas a un riesgo más alto de adquirir una discapacidad. A la vez, la circunstancia de la discapacidad funciona como un factor precursor de exclusión, ya que las oportunidades de acceso a los servicios son menores.

Bajo este contexto, se presupone que la discapacidad genera sufrimiento e implica algún tipo de “tragedia personal” (Oliver, 1996).

Sin embargo, debemos tener presentes, como trabajadores/as sociales, que una persona con discapacidad no tiene por qué generar en sí mismo sufrimiento, sino lo que genera sufrimiento es la discriminación permanente, el aislamiento y las restricciones sociales que impone la sociedad a las personas que tienen discapacidad. Ser discapacitado significa ser objeto de una discriminación, de experimentar la vulnerabilidad y asaltos abusivos a la propia identidad y estima (Barton, 1998), por lo que las actuaciones profesionales propuestas deberán ir enfocadas, en gran medida, a la erra¬dicación de dicha discriminación.

Desde esta premisa, las (nuevas) políticas relacionadas con la discapacidad como la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso¬nas en situación de dependencia, pueden suponer una oportunidad novedosa para mitigar las situaciones de exclusión para un sector de personas que presentan especialidades e intensas necesidades de apoyo. La implantación de la Ley 39/2006 debería aspirar a una transformación de gran impacto en el modelo de servicios sociales tradicional basado en el asistencialismo y la discrecionalidad y reconocer un derecho subjetivo a determinadas prestaciones y servicios, orientados a la autonomía personal (Perez Bueno, 2010). La capacidad transformadora de esta novedosa visión de los Servicios Sociales, está fuertemente influenciada por dos aspectos concretos de los que depende: El diseño de las políticas pú¬blicas relacionadas con los Servicios Sociales y la implementación de las mismas (Muyor Rodriguez, 2011b).

Estas reflexiones necesitan ser utilizadas como marco analítico en la investigación em¬pírica del Trabajo Social para validar su utilidad en la resolución de las situaciones o pro¬blemas prácticos.

Tema 3: MODELOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN LA DISCAPACIDAD.

A lo largo de los años han surgido diferentes modelos explicativos de la discapacidad, que abarcan ámbitos como la filosofía moral, la política, la sociología y la bioética, los cuales han tenido una notable influencia en las actuaciones políticas y en la construcción del imaginario social en torno a la discapacidad.
En un primer modelo, prescindencia, el origen de la discapacidad tiene motivo religioso. Las personas con discapacidad son una carga para lo sociedad (no tienen nada que aportar a la comunidad, albergan mensajes diabólicos, son la consecuencia del enojo de los dioses). Por estos motivos, la sociedad decide prescindir de estas personas, ya sea a través de la aplicación de actuaciones eugenésicas (submodelo eugenésico) o situándolas en el espa¬cio destinado para los anormales y las clases pobres, con un denominador común marcado por la dependencia y el sometimiento, en el que son tratadas como objeto de caridad y su¬jetos de asistencia (submodelo de marginación). Se entiende en este modelo que las vidas de las personas con discapacidad no merecen la pena ser vividas.

Desde un segundo modelo, surgido después de la II Guerra Mundial, principalmente de¬finido como médico-rehabilitador, las causas que originan la discapacidad no son religiosas sino científicas. Se alude a la discapacidad en términos de salud o ausencia de enfermedad.

Las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siem¬pre en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas, y logren asimilarse a las demás personas (válidas y capaces). El éxito es valorado en relación con la cantidad de destrezas y habilidades que logre adquirir el individuo, a través de la intervención interdisciplinar del proceso de normalización. De esta manera pueden obtener por parte de la sociedad un valor como personas y ciudadanos/as.

La atención se centra en la discapacidad (en aquello que la persona no es capaz de realizar). Se subestiman las aptitudes de este colectivo y, así, el tratamiento social se basa en una actitud paternalista y caritativa. Estas personas se convierten en objetos médicos. De esta manera la atención y explicación de las necesidades se obtienen desde una visión exclusivamente medicalizado y medicalizante. Se potencia la creación de espacios sobreprotegidos para las personas con discapacidad y se promueven los servicios institucionalizados.

Destacamos dos puntos fundamentales en este modelo que nos servirán además para contextualizar las ideas que se irán presentando posteriormente en este texto. En primer lugar, se sitúa el “problema” de la discapacidad dentro del individuo; y, en segundo lugar, se considera que las causas de dicho problema son el resultado directo de sus limitaciones funcionales o pérdidas psicológicas. Estos aspectos pueden denominarse como “la teoría de la tragedia personal de la discapacidad9” que sugiere que la discapacidad es un evento fortuito terrible que sucede a algunos individuos. En consecuencia, las políticas deben ten¬der a normalizar a las personas en la medida de lo posible, y de ese modo ayudar a que las mismas sean integradas en la sociedad. En este proceso de normalización el/la profesional adquiere una posición superior en la cual dirige la rehabilitación de la persona, normalmente, bajo un carácter paternalista que limita y (re)construye las forma de vida de las personas con discapacidad.

Sin embargo, a pesar de representar un avance respecto de consideraciones anteriores, podrá observarse que el modelo rehabilitador ha sido, y de hecho es, criticado en cuanto a la filosofía que lo sustenta, en lo que atañe a la consideración de la persona con discapacidad como un ser dependiente, inferior, que necesita ser rehabilitado (re-habilitado) a los efectos de recuperar su dignidad (una dignidad que se da por lesionada o perdida) (Palacios, A., 2008: 81).

El tercer modelo, denominado social, es aquel que considera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, sino que son sociales (por la manera en la que se encuentra diseñada la sociedad). No son las limitaciones individuales el centro del problema sino las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Esto no supone negar el aspecto individual de la discapacidad sino situarlo dentro del contexto social. Las respuestas, dentro de este modelo, no deben dirigirse individualmente a las personas con discapacidad sino a la sociedad, de manera que ésta llegue a estar pensada y diseñada para atender las necesidades de todos. Así, este colectivo puede contribuir a la sociedad en la misma medida que el resto de las personas sin discapacidad.

La vida de las personas con discapacidad adquiere el mismo sentido que el de las per¬sonas sin discapacidad. El objetivo que se encuentra reflejado en este paradigma es resca¬tar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades, es decir, seguir con el binomio capacidad-discapacidad invirtiendo su peso (Romañach, 2009: 22).

Tema 4: DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA.

En la actualidad los/as profesionales del Trabajo Social convivimos diariamente con conceptos que actúan como unidades de análisis, fundamentaciones y/o evaluaciones de nues¬tras intervenciones. Además, estos usos nos sirven para definir a las personas, categorizar grupos y asignar recursos. Pero ¿hablamos de lo mismo? ¿Manejamos diferentes palabras para definir una misma realidad? ¿Utilizamos correctamente y de manera unificada estos conceptos?

Siguiendo a Campello García (2007), la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la anterior Clasificación de 1980 (modificada en 2001), reducía el fenómeno de la discapacidad a los aspectos psicobiológicos:

Deficiencia: toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Discapacidad: toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o margen que se considera normal.
Minusvalía: situación de desventaja social como consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de edad, sexo, factores sociales y culturales.

La discapacidad, en la actualidad, es denominada por la OMS en su Clasificación Inter¬nacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de 2001, como un fenó¬meno multidimensional, resultado de la interacción de las personas con su entorno físico y social. La discapacidad, en estos términos, se produce por la interacción de las caracte¬rísticas de la salud con los factores contextuales. Para ello se sigue el siguiente esquema conceptual:

• Déficit en el funcionamiento (sustituye al término “deficiencia”, tal y como se venía utilizando), como la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función fisiológica o mental. En este contexto el término “anormalidad” se usa para referirse a una desviación significativa de la norma estadística (por ejemplo, la mediana de la distribución estandarizada de una población) Representa la perspectiva del cuerpo respecto a la discapacidad.
• Limitación en la actividad (sustituye al término “discapacidad” según se entiende en la anterior clasificación de la OMS): son las dificultades que una persona puede tener en la ejecución de las actividades. Las limitaciones en la actividad pueden clasificarse en distintos grados, según supongan una desviación más o menos importante, en términos de cantidad o calidad, en la manera, extensión o intensidad en que se esperaría la ejecu¬ción de la actividad en una persona sin esa condición de salud. Representa la perspectiva de la persona respecto a la discapacidad.
• Restricción en la participación (sustituye al término “minusvalía): como los proble¬mas que una persona puede experimentar en su implicación en situaciones vitales. La presencia de restricciones en la participación es determinada por la comparación de la participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad. Representa la perspectiva so¬cial respecto a la discapacidad.

La dependencia puede entenderse según la clasificación de la OMS como el resultado de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento corporal como consecuencia de la enfermedad o accidente. Esta clasificación no contempla espe¬cíficamente la dependencia como consecuencia de la pérdida de autonomía atendiendo a la edad bajo determinadas circunstancias físicas y personales, exclusivamente. Sólo cita la enfermedad y los accidentes como causas del déficit de funcionamiento corporal. Este déficit comporta una limitación de la actividad. Cuando esta limitación no puede superarse mediante la adaptación del entorno, genera una restricción de la participación que conlleva a la dependencia (ayuda) de otras personas para realizar las actividades.

La dependencia es un concepto más amplio que radica en no poder vivir de manera autónoma y necesitar de forma duradera la ayuda de otros para actividades ordinarias de la vida cotidiana. Generalmente la definición de dependencia contiene tres características fundamentales:

• La limitación física, psíquica o intelectual que merma determinadas capacidades de la persona necesarias para vivir de forma autónoma.
• La incapacidad de la persona para realizar por si misma las actividades básicas de la vida diaria.
• La necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero.

Sin embargo, en la actualidad parece existir un reduccionismo del concepto a su esfera más funcional. Esto hace que la dependencia se asocie a la autonomía física y la capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria (aseo, alimentación, vestido…). No obstante hay que tener en cuenta la concepción de autonomía moral en relación a la de¬pendencia. Por ello, la autonomía moral que es la capacidad de elegir, decidir cuándo levan¬tarse, cómo asearse, qué ponerse, es también decisivo a la hora de valorar la autonomía/ dependencia de las personas.
Estas dos concepciones son mezcladas y confundidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen¬dencia (LAAD) bajo un único término de autonomía.

Dicha confusión puede extraerse de lo siguiente:

Artículo 2. Definiciones. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, de-cisio¬nes personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.”

Como se aprecia, y siguiendo los argumentos estructurados por Romañach (2009), se habla sólo de autonomía moral sin diferenciar de la autonomía física. Se podría afirmar, así, que en la LAAD la idea de autonomía está contemplada haciendo uso de la acepción “autonomía moral”. No obstante, este argumento no puede sostenerse al seguir leyendo el contenido de la Ley. En este sentido encontramos en el artículo 2.3. la definición de “ac¬tividades de la vida diaria”, aspecto esencial para entender en su conjunto el concepto de autonomía propuesto en la LAAD:

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la per¬sona,.que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, re¬conocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.”

Como se observa, se mezclan, a la hora de definir el “mínimo de autonomía”, aspectos relacionados con la autonomía moral: “reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas” y aspectos relacionados con la autonomía física: “el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial”12.

De acuerdo con las ideas tratadas en este apartado, cabría preguntarse cuál será la con¬secuencia ideológica que puede tener el proporcionar ayudas individuales a la persona para que pueda subir escaleras y no desarrollar actuaciones que garanticen el diseño para todos y la accesibilidad universal. Los/as trabajadores/as sociales deberíamos traducir la política social en sentido operativo desde los supuestos ideológicos de nuestra profesión.

Esto es, favorecer el desarrollo de la política social en la medida que sabemos contribuye a la superación de los obstáculos a los que se enfrentan las personas a las que atendemos. Por el contrario, parece que las intervenciones que realizamos, en muchos casos, generan situaciones de dependencia de la prestación o del servicio y no desarrolla el correspondien¬te sentido de nuestro deber profesional.

Tema 5: DESDE EL TRABAJO SOCIAL

El Trabajo Social debe de seguir un modelo de intervención que sirva de guía para desarrollar sus actuaciones. El “modelo en Trabajo Social” es definido, según la literatura espe¬cializada, como un conjunto coherente de conceptos y pensamientos (teorías y actitudes) de acciones que dibujan una forma de hacer y ordenar la intervención social.

Tradicionalmente el Trabajo Social ha seguido, y sigue, en muchos casos, el modelo médico como una manera de afrontar la intervención social. A continuación veremos las características del modelo médico diferenciándolas del modelo de Trabajo Social en la intervención social:

Siguiendo a Cristina de Robertis y Henri Pascal (1994), el modelo médico se basa en un saber teórico acumulado que se traduce en términos de conocimientos (biología, psicolo¬gía y patología). Conoce el cuerpo sano, las diferentes funciones y las distintas enferme¬dades. De estas últimas conoce las causas, las manifestaciones o síntomas y los medios de tratamiento. Estos conocimientos están limitados a lo que la investigación y la práctica médica producen.

Este saber se articula en torno a la noción de norma. La norma en el modelo médico es la frontera que separa la “salud” de la “enfermedad”. La enfermedad es tratada con arreglo a la concepción de lo que es la salud, el cuerpo en buen funcionamiento. El mo¬delo que se desprende de estos conocimientos acumulados y de la utilización de la escisión enfermedad-salud es de orden diverso: en primer lugar se trata de aplicar la norma y el saber a la situación “particular” del paciente. A continuación, se trata de decir de qué sufre la persona, de “diagnosticar su enfermedad”.

Después de lo cual, apoyándose siempre en estos conocimientos, se prescribirá un tratamiento al enfermo que tiene como fin curarlo, y por tanto, reconducirlo a la norma. El médico es en esta coyuntura aquel que sabe, el que prescribe y el que curará los males que el otro sufre.

Este modelo es cuestionado en la actualidad por ciertos miembros del cuerpo médico que buscan otra relación entre médico y persona enferma: considerar a la persona en el conjunto de sus facetas biológicas, psicológicas y sociales y no solamente la enfermedad que ella sufre.

Siguiendo a De Roberis y Pascal (1994) podemos añadir que el modelo médico en el que se han inspirado los/as trabajadores/as sociales desde hace décadas, implicaba la trans¬posición de las ideas, actitudes y acciones del dominio físico al dominio social. Cogiendo los términos médicos se ha realizado un diagnóstico social y tratamiento social. Hemos in¬tentado elaborar un saber organizado de las “enfermedades sociales”. Pero además esta transferencia implica posicionarse con respecto al otro. El/la profesional del Trabajo Social se le presupone como aquél que tiene el poder de “curar” al otro. A fuerza de buscar la norma que nos permitiría distinguir al enfermo del sano (al inadaptado del adaptado, al loco del cuerdo, al marginal de los que no se separan de la norma) tal vez se ha dejado de ver un aspecto esencial: el movimiento que existe en toda sociedad con sus mecanismos propios, y sus repercusiones sobre los individuos y los grupos que la componen.

El modelo de Trabajo Social en la intervención social se distingue del modelo médico por dos elementos de fondo: primero, el lugar y el poder atribuidos al trabajador/a social, y segundo, la consideración prioritaria de los aspectos positivos y dinámicos de la situación del/a usuario/a, cliente/a, ciudadano/a.

La acción del/a trabajador/a social no comienza después del diagnóstico. Su interven¬ción se inicia desde el primer contacto con el usuario/a. La mirada, la acogida, la manera de presentarse, la calidad de la escucha, las preguntas planteadas, modifican ya algo, cambian la imagen que el usuario/a tiene de sí mismo y de su entorno. La intervención social se inicia inmediatamente, sin esperar las etapas de recolección de datos, sin que el profesional haya tenido tiempo de reconocer las personas o las situaciones de manera profunda. El/la trabajador/a social puede llegar un poco como intruso en un contexto del que no conoce previamente las circunstancias. Los/as usuarios/as no solamente son los que conocen la situación, también son ellos/as los/as que conocen las soluciones más apropiadas para sus problemas, y las que convienen mejor a sus deseos y proyectos.

La situación del/a trabajador/a social no es, entonces, la de la persona que sabe, que va a aportar remedio, que va a curar. Se ha convertido en aquel que va a descubrir una situación desconocida, que va a examinar esta realidad con los interesados, que va a interpelarlos para encontrar las soluciones más adaptadas y que en el curso de ese proceso va introducir cambios, pero va también a ser él mismo modificado gracias al intercambio y al juego de reciprocidades.

El segundo elemento importante que se distingue de la intervención del modelo médico es la toma en consideración prioritaria de los aspectos positivos y dinámicos de la situación de la persona a la que atendemos. La herencia del modelo médico y psicoterapéutico nos ha condicionado fuertemente a analizar toda la situación social en términos de patología y de enfermedad. Nos hemos vuelto capaces de percibir todo lo que se aleja de las normas sociales admitidas en un lugar y en un tiempo dado.

Esta manera de poner de relieve la “patología social” implica la existencia de una idea de “salud social”, de la vida social que se ha conocido, que no se tiene ya, que se ha perdido, que se añora aún y que se desea reencontrar.
El modelo de intervención social desde el Trabajo Social toma como base de apoyo los elementos positivos y dinámicos existentes, tanto en una intervención con individuos y familias como con unidades de vida social más amplias. En lugar de centrar la acción en los puntos “enfermos” o “desorganizados”, se centra en los cambios en curso, en las modali¬dades particulares de la comunicación y de relación entre las personas y los grupos, en las potencialidades, en sus dinamismos. Esta voluntad de enfocar lo positivo constituye un cambio radical de aproximarnos en Trabajo Social y necesita de una nueva perspectiva por parte de los/as profesionales.
Este modelo de Trabajo Social preconiza ponerse de entrada en una posición activa y optimista, y arrastrar hacia esta perspectiva a los/as usuarios/as. Se trata de valorar los aspectos positivos, de utilizar un pequeño cambio, por mínimo que sea, como palanca de dinamismos nuevos (De Roberis y Pascal, 1994: 18-22).

El quehacer profesional en la acción-intervención social puede y debe articularse de modo que constituya una verdadera mediación entre las personas y los grupos sociales, las instituciones y la ciudadanía. Esto supone, de un lado, que las prácticas sociales que promuevan participen de una visión holística e integral, asegurando el máximo aprovecha¬miento posible de las potencialidades inherentes a los sujetos y de los recursos existentes en un determinado medio; y, de otro, que sus realizaciones se inscriban en un proceso donde las personas sean vistas como agentes activos y potenciales y no como pacientes de problemas o receptores de soluciones diseñadas por los/as profesionales.

Los derechos y los deberes que “regulan” los códigos deontológicos, en los que presuponen de compromisos y responsabilidades de los/as profesionales en y con la sociedad, son elementos fundamentales en este proceso, al invocar expresamente a la coherencia de actuar profesionalmente sin vulnerar la dignidad de los implicados, con criterios de libertad, justicia y equidad (Caride Gómez, 2007:298-300).

Tema 6: LOS PRINCIPIOS DEL TRABAJO SOCIAL.

Como nos muestran Lázaro Fernández et. al (2007:149-162), en los comienzos de la pro¬fesión los valores y la ética del Trabajo Social se resumían en la enumeración de los princinpios acerca de cómo el/la trabajador/a social debía de tratar a las personas que requerían sus servicios. En la actualidad la intervención se ha diversificado mucho, y como hemos visto, requiere tener en cuenta multitud de puntos de vista y paradigmas ideológicos para una correcta actuación profesional.

No obstante es conveniente tener en cuentas estos principios a la hora de trabajar:
• Reconocer el valor de las personas cualesquiera que sean sus circunstancias, condición, opinión política, creencias, conducta, haciendo lo posible por fomentar en ellas el sentimiento de dignidad y de respeto propio.
• Respetar las diferencias entre los individuos, grupos y comunidades tratando de conciliarlas con el bienestar común.
• Fomentar el propio esfuerzo como medio de desarrollo en las personas, del senti¬miento de confianza en sí mismas y su capacidad para afrontar situaciones.
• Promover oportunidades para una vida más satisfactoria en las circunstancias parti¬culares en que se encuentre las personas, los grupos y las comunidades.
• Aceptar el deber profesional de trabajar en pro de la aplicación de medidas sociales, con objeto de brindar a toda persona la posibilidad de hacer mejor uso posible de su medio y de sus propias actitudes.
• Respetar la confidencia de la relación profesional.
• Utilizar la relación profesional para ayudar a los individuos, a los grupos y a las co¬munidades a alcanzar su libertad y la confianza en sí mismos, y no se tratar de manejar¬los para que se adapten a un sistema preestablecido.
• Hacer un uso responsable de la relación profesional con mirar a promover el mayor bien para las personas y para los intereses de la sociedad.
Muy relacionado con los principios del Trabajo Social, encontramos los principios éticos. Estos principios intentan ser regulados por los códigos profesionales que orientan de for¬ma estructurada y sistemática aquellos aspectos que se refieren a las relaciones del profe¬sional consigo mismo, con la institución para la que trabaja y con la sociedad. En ellos están contenidos los derechos y los deberes específicos. Suelen incorporar en su articulación JESÚS MUYOR RODRÍGUEZ [28] dos niveles, por una parte están los valores y los principios generales, con un alto grado de “abstracción” y que sirven para guiar la conducta profesional a grandes trazos, y por otra parte ofrecen un nivel de “concreción” en el que se sitúan las normas y obligaciones que sirven para explicitar lo necesario en cada una de las áreas en las que se desarrolla la acción profesional. Entre los principios generales destacan los siguientes (Lázaro Fernández et. al 2007: 148-153):

1. Principio de Beneficencia: La palabra beneficencia se podría traducir como “hacer el bien”. El profesional quiere actuar beneficiosamente buscando obtener determinados bienes para la sociedad a la que pertenece y que son inherentes a su propia actividad. Este principio puede ser considerado como la expresión normativa de la finalidad de la profesión y hace referencia a la intención fundamental de todo/a profesional. A cada profesión le es asignada la búsqueda de ciertos bienes y para conseguirlo cuenta con ciertos medios que son los conocimientos e instrumentos técnicos disponibles para que los/as profesionales puedan alcanzar el fin que se proponen, en su práctica específica. En el Trabajo Social, la actuación profesional ha de beneficiar a las personas a quienes se dirige y al mismo tiempo contribuir a incrementar el bienestar general de la sociedad.

2. Principio de Autonomía: Articula los derechos de las personas a tomar decisiones, a no ser considerados como sujetos pacientes que se limitan a aceptar las decisiones to¬madas por el/la profesional, sino a ser sujetos, agentes de derecho, ser informados y a que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones que les afectan particularmente. Cuando este principio es respetado se establece una buena relación profesional, seleccionando las estrategias junto con los interesados implicados en el proceso. Se ha de tener en cuenta que para que se pueda tomar una decisión autónoma son necesarias ciertas condiciones: querer, saber y poder.

• La persona debe querer hacer algo, conseguir una cosa, tener una motivación para mejorar sus condiciones de vida.
• La persona ha de contar con la información precisa para llevar a cabo su propósito, co¬nocer varias alternativas para seleccionar la más pertinente y prever las consecuencias si no toma la decisión prevista.
• La persona debe tener la capacidad para realizarlo. No basta con saber y querer sino también poder. Son necesarias determinadas habilidades y en adquirirlas los/as trabaja¬dores/as sociales pueden prestar una ayuda decisiva trabajando la autoestima, la moti¬vación y acompañando a la persona para que lleve a cabo la decisión tomada.

Los/as trabajadores/as sociales, en gran medida, son percibidos como meros distribuido¬res de recursos públicos y con poca relación profesional.

Existe una perspectiva de carácter “general” en la que se articulan las necesidades de las personas con los recursos disponibles. En la gestión de los recursos, el/la trabajador/a social ve limitada sus posibilidades de actuación ya que no es el responsable último (por lo general) de fijar los criterios se su distribución. Se encuentra coartado por las condicio¬nes impuestas por la institución y por las presiones de unos destinatarios que, desde una situación de precariedad, a veces extrema, no pueden entender ni admitir las condiciones impuestas por quienes sustentan el poder político. Todo ello crea un serio conflicto al pro¬fesional que conoce de cerca la necesidad que se plantea y pese a ello se ve obligado a recortar o denegar una prestación en virtud de unas directrices administrativas determina¬das o por un recorte presupuestario en las partidas destinadas a tal fin.

El/la trabajador/a social sabe que el contexto político e ideológico influyen en la profe¬sión y sabe también que con su ejercicio profesional contribuye “lentamente” a la transfor¬mación de la sociedad en su conjunto que es el marco en donde se generan las injusticias contra las que está trabajando desde su implicación profesional.
Una de las señas de identidad de la profesión es, o debería ser, el compromiso con la justicia social, ello supone la lucha por construir una sociedad donde:

• Quepan todas las personas (diseñada para la diversidad),
• Haya igualdad,
• Una distribución equitativa de los recursos,
• Un acceso generalizado a los bienes básicos,
• Disminuyan las desigualdades sociales.

En este sentido, no podrá obviarse que en las profesiones sociales y en las iniciativas que promueven late un decidido afán reivindicativo: cohesionar a personas y sociedades en torno a iniciativas y valores que promuevan una mejora significativa del bienestar colec¬tivo y, por extensión, de todas aquellas circunstancias que posibiliten su participación en la construcción de una ciudadanía más inclusiva, plural y crítica.

De lo que se deduce y espera que el Trabajo Social ha de ser una profesión que debe hacerse en, con, por y para la sociedad. En cualquier caso, asumiendo que se trata de una tarea profundamente desafiante y comprometida, exponente de un ejercicio profesional que debe mirar al futuro enfatizando el protagonismo a la ciudadanía y a los principios que sustentan la ética pública y la deontología profesional.

El Trabajo Social no puede limitar la definición de su identidad a los aspectos técnicos e instrumentales, ni tampoco, únicamente relacionando su quehacer con la puesta en prác¬tica de una serie de competencias y destrezas aprendidas durante la formación y práctica profesional. Además se precisa disponer de metas internas, valores, actitudes, principios y comportamientos que son propios del ejercicio de la profesión en su relación con la ciuda¬danía, especialmente cuando dicho ejercicio se articula en torno a sus derechos a una vida digna y de calidad (Caride Gómez, 2007).

Como trabajadores/as sociales, es el momento de reflexionar sobre el papel que esta¬mos desempeñando y nuestra parte de responsabilidad en la (re)producción de las limi¬taciones y desconciertos que esta reestructuración del sistema de protección social de la dependencia y la reorganización del cuidado está desencadenando (Fuentes Gutiérrez, Muyor Rodriguez Galindo Zamora, 2010).

En primer lugar, tal y como se ha intentado mostrar, antes de analizar desde el Trabajo Social la discapacidad, es imprescindible partir desde las consideraciones epistemológicas o teóricas. Interrogarnos sobre cómo definimos la discapacidad (representación simbólica) y qué usos prácticos se le dan a ese constructo (representación estructural), nos permite posicionarnos sobre los procesos sociales a través de los cuales se llega (o no) a garantizar los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad.

La discapacidad se establece como un concepto relativo cuyos significados dependen JESÚS MUYOR RODRÍGUEZ. del contexto histórico, social y cultural en el que se estudie. En este sentido hemos visto cómo la discapacidad se ha fundamentado en lo biológico, centrando la atención sobre el individuo y sus deficiencias, o en lo social donde la discapacidad representa un sistema com¬plejo de restricciones sociales discriminatorias impuestas a este colectivo (Oliver 1990). Bajo estos dos supuestos hemos podido identificar, históricamente, unos modelos teóricos de la discapacidad que han originado diversas maneras de tratar a este colectivo.

La perspectiva social de la discapacidad no ha evolucionado lo suficiente como para orientar las políticas sociales y eliminar las discriminaciones que sigue sufriendo el colectivo. Por tanto, tomando las ideas establecidas en el modelo social, pero conscientes al mismo tiempo de su limitación teórica, Palacios y Romañach, (2006) presentan un modelo algo más avanzado. Se trata del modelo de la diversidad, basado en la riqueza de la diversidad y en el concepto de dignidad. El paso más importante que introduce este nuevo modelo es el cambio del discurso desde el concepto de capacidad (modelo social), al concepto de dignidad como elemento clave para la plena participación y aceptación social, y el uso de la bioética como herramienta fundamental del cambio. Los principios del modelo social coinciden plenamente con este modelo, ya que ambos parten de la idea de que la diversidad funcional (discapacidad) es una cuestión de Derechos Humanos (Iáñez, 2009). No obstante creemos oportuno resaltar que si bien el modelo social fundamenta su ideología normativa, en base a la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, el modelo de la diversidad, partiendo de estos fundamentos, eleva la discriminación por motivos de discapacidad como una cuestión de vulneración de los Derechos Humanos.

Estos modelos, si bien sus orígenes se pueden identificar históricamente, conviven en la actualidad y son usados para orientar las filosofías de las políticas públicas sobre discapaci¬dad. En relación a esto, encontramos el segundo de los planteamientos principales de este trabajo. A través del análisis de las políticas públicas de discapacidad relacionadas con los Servicios Sociales también podemos conocer las formas de responder a las necesidades de este colectivo en un contexto determinado.

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 puede considerarse como un instrumento de cambio en la visión social y el papel que des¬empeñan las personas con discapacidad en la actualidad. Este enfoque es importante para el Trabajo Social ya que puede (y debe) orientar los Servicios Sociales y las actuaciones que en ellos se lleven a cabo con este colectivo.

Los/as trabajadores/as sociales tenemos que desarrollar nuestra labor como agentes ac¬tivos de cambio de la realidad social, teniendo como perspectiva los derechos de ciudada¬nía. Este planteamiento nos sitúa ante el reto de transformar la mentalidad tradicional (re¬presentaciones simbólicas) de la sociedad (en la que se incluyen los propios profesionales e incluso, las familias y personas con discapacidad). Debemos superar la ideología en clave de guetos o categorizaciones estancas para pensar en políticas y actuaciones que incluyan la diversidad de la sociedad en la que (con)vivimos (Muyor Rodríguez, 2011c).

Realizar una praxis profesional desde la mirada de los derechos humanos, la dignidad de las personas y los principios de la profesión es un objetivo primordial para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en igualdad que el resto de personas.

En cualquier caso, estas reflexiones no son una propuesta cerrada e imperativa, sino que deseamos acercar a los/as profesionales del Trabajo Social a un (¿nuevo?) modo de inter¬vención basado en derechos y que genere derechos. Un quehacer profesional que actúe contra los factores estructurales que forjan la exclusión social. El Trabajo Social es capaz de destruir, construir e instruir. El reto, hoy, es elegir el papel que queremos desempeñar.

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Preguntas de EVALUACIÓN del Curso de Trabajo Social Y Discapacidad Gratis

1. Definición y tipos de Discapacidad.
2. En qué consiste el modelo Médico- Rehabilitador?
3. Definición de dependencia y característica.
4. ¿Cuáles son los principios debe seguir los/as trabajadores/ras sociales en su intervención?.
5. Haz una pequeña reflexión sobre la intervención del trabajo social en el ámbito de la discapacidad.

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